Las sanciones administrativas son medidas que puede tomar la Administración del Estado ante el incumplimiento de normas administrativas. Generalmente son sanciones monetarias. Por ejemplo, que la autoridad eléctrica le imponga una multa a una empresa por un corte de luz.
Las garantías penales son un conjunto de normas que buscan proteger los derechos fundamentales de las personas frente al poder punitivo del Estado. Incluye el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, la publicidad del proceso, que la conducta y la pena estén claramente descritas en la ley, el derecho a la defensa, entre otros.
Actualmente, la Administración cuenta con la obligación de justificar claramente sus actos para prevenir la arbitrariedad, pero las garantías penales no se aplican a los procedimientos administrativos sancionadores. Por ejemplo, no es necesario que las infracciones administrativas estén explicadas claramente en la ley, la misma autoridad es quien acusa y quien sanciona, y hay limitaciones en la producción de pruebas y en el acceso al expediente del procedimiento.